Opinión: El Debido Proceso No Debe Ser una Víctima de la Agenda Migratoria de Trump

Cuando la Universidad de Harvard presentó una demanda para bloquear la última directiva migratoria de la administración Trump, la noticia tuvo repercusión nacional. En el centro del conflicto se encuentra una nueva policía que permite al gobierno federal deportar a estudiantes internacionales con visas académicas por infracciones menores—sin previo aviso, sin audiencia y sin ninguna oportunidad significativa de defenderse.

En todo nuestro estado, los estudiantes internacionales estudian, trabajan y viven en nuestras comunidades. En UNLV, UNR, CSN y en todo el sistema universitario de Nevada, son parte fundamental de la vida académica. Estudian hospitalidad y atención médica, ingeniería y educación. Alquilan apartamentos, hacen voluntariado en organizaciones sin fines de lucro y ofrecen tutorías en aulas. Son nuestros vecinos y nuestros amigos. Y ahora, se les dice que pueden ser deportados—de inmediato y sin debido proceso—si cometen un error administrativo o si falla el sistema de inscripción de clases.

Según esta política, el gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de expulsar a estudiantes del país por lo que podría ser simplemente un error de papeleo. Sin apelación. Sin advertencia. Sin oportunidad de explicar. Esto no solo es una mala política—es una falla moral. Y también una falla legal.

El debido proceso, que es el derecho a un trato justo mediante un sistema legal transparente, es una piedra angular de la democracia estadounidense. Es uno de los principios que separa a una nación de leyes de un régimen de autoridad sin control. Cuando el Estado puede detener o deportar a alguien sin un proceso justo, no estamos haciendo cumplir la ley—la estamos desmantelando.

Y aquí en Nevada, un estado construido sobre la base de la oportunidad y el movimiento, debemos sentir esta amenaza de manera directa. Desde los pueblos mineros que dieron la bienvenida a trabajadores de todo el mundo, hasta los casinos de Las Vegas impulsados por una fuerza laboral diversa y global, hasta los campus universitarios que atraen a mentes brillantes de todo el planeta—Nevada prospera cuando la gente viene aquí a construir un mejor futuro. Ese futuro ahora está bajo ataque.

Seamos claros: cada nación tiene el derecho de hacer cumplir sus leyes migratorias. Eso no está en discusión. Pero esa aplicación debe estar basada en la equidad, la transparencia y la justicia. En el momento en que permitimos que la política pase por encima del principio—especialmente el principio del debido proceso—no estamos protegiendo nuestras leyes. La administración actual las está debilitando. Por eso Harvard y decenas de otras instituciones están dando la batalla. No porque se opongan a la ley migratoria, sino porque entienden que una sociedad que le quita derechos a las personas por decisiones arbitrarias no puede llamarse libre.

Los habitantes de Nevada deben prestar atención. Porque hoy son estudiantes internacionales. Mañana podrían ser los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Al día siguiente, los receptores de DACA. O incluso residentes permanentes que no actualizan su dirección a tiempo. La pendiente resbaladiza es real, y la historia nos dice que la erosión de derechos rara vez se detiene en los márgenes. Una vez que normalizamos el castigo sin proceso para un grupo, se vuelve más fácil justificarlo para otros.

Hemos visto cómo la agenda migratoria de Trump ha intentado, una y otra vez, reducir a las personas a cifras, amenazas o caricaturas. Pero políticas como esta hacen más que atacar a los inmigrantes: ponen en juicio a todo nuestro sistema de justicia.

Y aquí es donde Nevada puede liderar. Nuestras universidades pueden reafirmar públicamente su compromiso con la protección de los estudiantes internacionales. Nuestros funcionarios estatales—tanto demócratas como republicanos—pueden alzar la voz contra políticas que socavan la Constitución. Nuestra delegación en el Congreso puede seguir luchando por una reforma migratoria que defienda tanto el estado de derecho como la dignidad humana.

Más allá de eso, los nevadenses podemos alzar nuestras voces en defensa de lo que realmente hace grande a este país—no eslóganes ni muros, sino la idea de que todos merecen una oportunidad justa. Que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Que todos, sin importar dónde hayan nacido, merecen el debido proceso antes de que el poder del Estado se utilice en su contra.

Nevada siempre ha sido un lugar para segundas oportunidades, para nuevos comienzos, para grandes sueños. No permitamos que esta política, ni ninguna otra similar en el futuro, nos convierta en un lugar de miedo, silencio e injusticia.

Debemos elegir la justicia por encima de la conveniencia. La ley por encima del capricho. El debido proceso por encima del autoritarismo. Y debemos tomar esa decisión de forma contundente, clara y ahora.