Legisladores de Nevada intentan impedir que ICE entre a las escuelas

Un proyecto de ley en la Legislatura de Nevada haría que los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) no podrán entrar a las escuelas públicas ni acceder a los registros de los estudiantes sin una orden judicial firmada por un juez. 

Si se aprueba la AB217, los distritos escolares de Nevada y sus empleados tendrían prohibido compartir cualquier información sobre las familias de estudiantes con ICE o cualquier oficial de la ley que esté haciendo cumplir las leyes de inmigración, a menos que haya una orden judicial. Violarla sería un delito menor. 

El proyecto de ley, presentado por la asambleísta demócrata de Las Vegas Cecelia González, llega después de que la administración Trump rescindió la política contra los arrestos en “lugares sensibles” el mes pasado, permitiendo a las agencias federales de inmigración realizar arrestos en escuelas, iglesias, y hospitales. 

AB217 todavía está en las primeras etapas del proceso legislativo: aún debe ser escuchada en los comités de educación o ser votada por los legisladores estatales. Si ambas cámaras aprueban el proyecto de ley y el gobernador lo firma, la AB217 entraría en vigor el 1 de julio.

Otra parte del proyecto de ley AB217 convertiría en un delito menor que la policía escolar del Distrito Escolar del Condado de Clark utilicen gases lacrimógenos como pepper spray o pistolas eléctricas (tasers en inglés) contra los estudiantes en la escuela o en eventos escolares, a menos que sea “necesario y justificado”. Esta parte del proyecto de ley solo se aplicaría a los condados con una población de 700,000 o más; solo el condado Clark cumple con ese umbral en este momento.

El proyecto de ley establece que si la policía escolar utiliza tal fuerza, el agente debe presentar un informe a la Junta Escolar explicando el motivo y cómo trató de evitarlo de antemano. Después de revisar el informe y la investigación del incidente, la Junta Escolar puede decidir si el uso de la fuerza estaba justificado. De lo contrario, el oficial podría ser acusado de un delito menor.