Activistas dicen que Nevada priorizó gestos políticos antes que protecciones reales para inmigrantes

Durante la sesión legislativa especial de Nevada en noviembre —instancia en la que los legisladores abordan asuntos urgentes o algunos cuyas discusiones han sido aplazadas y que no pueden esperar hasta el próximo período ordinario—, organizaciones proinmigrantes presionaron por la aprobación de medidas destinadas a proteger a poblaciones vulnerables, justo cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificaban detenciones y deportaciones en todo el país.

Mientras los defensores de los inmigrantes exigían mayores regulaciones sobre los operativos de ICE, las políticas se discutían a puerta cerrada, excluyendo a las voces más afectadas.

Por lo general, una sesión especial comienza con una proclamación del gobernador que enumera los proyectos de ley a considerar. Sin embargo, la Constitución de Nevada permite que los legisladores introduzcan propuestas adicionales mediante una petición que cuente con el respaldo de dos tercios de los integrantes de la Asamblea o el Senado. Ese mecanismo se utilizó, por ejemplo, para presentar el proyecto que limita la compra corporativa de viviendas.

Pero organizaciones como la Nevada Immigrant Coalition (NIC) se enfrentaron a obstáculos procedimentales al intentar promover sus prioridades. Entre sus propuestas estaban: una prohibición a agentes policiales que actúan encapuchados, restricciones a que agencias estatales compartan datos con autoridades federales exclusivamente para investigaciones migratorias, y ampliar la designación de “lugares sensibles” donde ICE necesitaría una orden judicial para intervenir.

Todo esto ocurrió en medio de la ofensiva migratoria más agresiva del presidente Donald Trump, que inició hace unos meses desde que llegó a la Casa Blanca.  Después de alrededor de siete meses, las detenciones de ICE en Nevada habían aumentado casi 400%, lo que generó hacinamiento en centros de detención y abrió discusiones sobre su expansión, según reportó The Nevada Independent. Desde septiembre, los arrestos continúan en ascenso, con otro incremento del 30%.

Ante este panorama, organizaciones como Make The Road Nevada (MTRN), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nevada, Hispanics in Politics y Progressive Leadership Alliance of Nevada, se unieron en una manifestación convocada por NIC el sábado 15 de noviembre. El grupo pidió a los legisladores que elaboraran agendas incluyentes y que adoptaran políticas de protección para inmigrantes.

“Creo que uno de los intentos por escuchar a la comunidad es la enmienda que impide que ICE ingrese a las escuelas”, afirmó Noe Orosco, coordinador de NIC. “Pero nuevamente… no queríamos limitarlo solo a las escuelas”.

NIC buscaba que la ley incluyera iglesias, tribunales, hospitales y guarderías como espacios que requerirían una orden judicial para cualquier operativo migratorio.

Las protecciones finalmente adoptadas a través del paquete de seguridad pública del gobernador Joe Lombardo,  incluyen limitar la presencia de ICE en escuelas, exigir una orden judicial para cualquier intervención, y aumentar la transparencia sobre las personas detenidas por motivos migratorios en centros estatales o locales. Ambas medidas fueron agregadas en forma de enmiendas a última hora dentro del proyecto penal de Lombardo, justo antes de su aprobación en el día final de la sesión.

“Esas enmiendas llegaron en plena madrugada”, dijo Orosco. “Fue muy desalentador, porque queremos asegurarnos de que esas medidas… generen el mayor impacto posible, y no solo un impacto mínimo”.

La Asamblea, de mayoría demócrata —a la que varios defensores de tres organizaciones apuntaron como el principal obstáculo para avanzar políticas migratorias— no respondió a múltiples solicitudes de entrevista. 

La población inmigrante en Nevada es numerosa y esencial para la economía estatal. De los 613,800 inmigrantes que residen en Nevada, casi 294,000 son elegibles para votar. Además, representan una proporción significativa de sectores clave: el 36% de los trabajadores de la construcción y el 32% del empleo en la industria hotelera, según el American Immigration Council. En 2023, este grupo pagó $5.7 mil millones de dólares en impuestos y aportó $1.7 mil millones en renta.

Para los críticos, la sesión se inclinó más hacia gestos simbólicos que hacia cambios sustantivos. Cuando la dirección de la Asamblea presentó la resolución ACR-5, que ordena un estudio sobre la aplicación de leyes migratorias federales en Nevada, Tony Ramírez, cabildero de MTRN, la calificó de “puramente performativa”, argumentando que no ofrecía soluciones para las comunidades excluidas del debate. Orosco añadió que oponerse a esa medida se convirtió en el enfoque principal del mitin, planeado semanas antes de la sesión especial.

En materia migratoria, Nevada encabezó en 2023 la lista nacional de hogares con estatus mixto: el 10% de las viviendas incluía al menos un residente indocumentado, según datos del Pew Research Center. California, Florida, Texas y Nueva Jersey lo siguieron con 9%.

Los legisladores también rechazaron una enmienda conceptual presentada por la ACLU de Nevada que habría obligado a la policía a investigar “reportes de individuos encapuchados que detienen o recogen personas en la calle como posibles secuestros”, explicó Athar Haseebullah, director ejecutivo de la organización. La propuesta exigía que las autoridades verificaran si se trataba de agentes de ICE, para disuadir a personas que se hacen pasar por oficiales migratorios.

La ACLU también propuso aumentar la supervisión legislativa sobre ICE, exigiendo la aprobación de la Legislatura para cualquier expansión de centros de detención en el estado. Haseebullah igualmente criticó el proyecto de ley que incorporó las enmiendas migratorias, asegurando que el paquete penal pone en riesgo incluso a residentes permanentes legales.

“El proyecto es profundamente perjudicial para las comunidades inmigrantes, incluidos los residentes permanentes legales, que ahora podrían verse atrapados en una red mucho más amplia del sistema penal”, afirmó. “Y eso podría terminar en revocaciones de estatus y deportaciones”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y fue traducido y adaptado al español por el equipo editorial de The Nevadan / El Nevadanse.