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El proyecto de ley AB460 crearía un proceso legal que autoriza a un padre, madre o guardián legal a pre-designar a otra persona para que actúe como cuidador principal de un menor en caso de que sean separados debido a una orden de inmigración federal.
Los legisladores estatales de Nevada están considerando una nueva propuesta que permitiría a quienes no son ciudadanos nombrar un guardián legal para menores, una medida que, según los defensores, busca proteger a niños vulnerables ante el aumento de deportaciones bajo el presidente Donald Trump.
El proyecto de ley AB460, presentado este mes por la asambleísta Cecelia González (D-Las Vegas), establecería un proceso legal que autoriza a un padre, madre o guardián a designar a otra persona para que actúe como cuidador principal de un menor en caso de que sean separados por una orden federal de inmigración. Si se convierte en ley, las personas podrían presentar una autorización en adelanto que apruebe el cambio de custodia del menor, la cual sería archivada por la oficina del Secretario de Estado y podría ser utilizada si fuera necesario.
González le dijo a The Nevadan durante una entrevista en video que el proyecto de ley garantizará que los niños reciban protección legal y apoyo emocional cuando enfrenten la separación de un padre o madre.
“Nevada tiene la mayor cantidad de familias con estatus migratorio mixto per cápita en todo el país, así que no es una cuestión de si va a pasar, sino de cuándo”, dijo González, refiriéndose a la promesa de campaña de Trump de ejecutar la “mayor deportación masiva” en la historia moderna de Estados Unidos. “Todos tenemos personas indocumentadas en nuestras comunidades, y en nuestras conversaciones quisimos encontrar la manera de causar el menor daño posible a estos niños.”
El proyecto de ley también establece una presunción de que la tutela temporal está en el mejor interés del menor y amplía el apoyo a servicios de tutela, como asistencia financiera para servicios de recuperación por trauma.
La autorización debe ser firmada por el padre, madre o guardián que busca designar a un nuevo guardián, también por dos testigos imparciales que no tengan ningún interés financiero en los bienes del menor o del padre/madre, y que certifiquen que el padre/madre o guardián tiene la capacidad mental para comprender el cambio de custodia. El formulario también debe ser notariado.
Una vez presentado, el formulario sería archivado en el “Nevada Lockbox”, un registro electrónico mantenido por la oficina del Secretario de Estado de manera gratuita. Según la ley estatal, los documentos archivados en el lockbox solo pueden ser accedidos mediante orden judicial, por un abogado, guardián o proveedor médico del menor, o si el Secretario de Estado considera que es en el mejor interés del menor.
Si un padre o madre es efectivamente deportado del país, la persona designada como nuevo guardián deberá presentar una petición ante la corte antes de asumir la custodia del menor.
Una vez aprobado por un juez, el nuevo guardián temporal tendría la custodia del niño por 10 días, después de los cuales se podrían conceder hasta dos extensiones de 60 días cada una. Luego de ese período, el guardián tendría que solicitar la tutela permanente, aunque el padre o madre conservaría todos sus derechos parentales si logra regresar legalmente a Estados Unidos.
El proyecto de ley también busca eliminar las restricciones de edad asociadas con la tutela para permitir que un hermano mayor u otro familiar del menor pueda actuar como su guardián y acceder a los recursos mencionados.
Según el co-patrocinador del proyecto, el senador estatal Fabian Doñate (D-Las Vegas), residentes de su distrito se acercaron a su oficina y a otros miembros del Caucus Legislativo Latino de Nevada hace varios meses para comenzar a preparar un marco legal en caso de que se produzcan deportaciones masivas en Nevada.
“Esta propuesta vino directamente de los miembros de la comunidad; fue una recomendación específica de ellos”, dijo Doñate. “Creo que es valioso que las personas hayan venido a nosotros con esta solución, y por eso estamos presentando este proyecto de ley.”
El Instituto de Políticas Migratorias encontró que hay al menos 224,000 niños en Nevada que tienen al menos un padre inmigrante, lo que representa el 34.3% de todos los niños en el estado. A partir de 2022, el centro de estudios no partidista estimó que había aproximadamente 168,000 inmigrantes indocumentados residiendo en Nevada y alrededor de 601,000 personas nacidas en el extranjero viviendo en el estado. Se cree que más de la mitad de esa cifra proviene de Latinoamérica.
Aunque legisladores de ambos partidos que integran el Comité Judicial de la Asamblea señalaron que apoyarían el proyecto de ley, no está claro si el Gobernador Republicano Joe Lombardo lo firmará para convertirlo en ley.
Pero incluso si se aprueba, González dijo que será importante mantener la confianza de la comunidad y trabajar con grupos comunitarios de base en todo el estado, especialmente en un momento en que las personas estarán escépticas de cualquier ayuda del gobierno ante la campaña de deportaciones de Trump.
“Si el gobierno — ya sea federal, estatal, local o lo que sea — está destrozando a mi familia, ¿qué te hace pensar que voy a pedirles ayuda?”, dijo González. “No podemos hacer este trabajo sin nuestros aliados comunitarios.”

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